El Ayuntamiento de Burjassot aprueba una moción conjunta en apoyo a los profesionales que prestan servicios en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Valencia

El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en su sesión ordinaria del mes de julio, ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, PSPV-PSOE, Compromís, PP, EU, Ciudadanos y Totes amb Burjassot, la moción presentada de forma conjunta en referencia al régimen de cotización de los profesionales que prestan servicios en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La moción, que ha sido trasladada al Ayuntamiento por parte de la Diputación de Valencia, tras aprobarla también por unanimidad, recoge la necesidad de que el Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social reconsidere su actitud para con los pequeños Ayuntamientos de la provincia de Valencia ya que, “la reconversión de los trabajadores autónomos que presentan sus servicios a dichos Consistorio en trabajadores laborales de las Corporaciones, acarrearía incontables perjuicios tanto para los Ayuntamientos como para los profesionales. Por una parte, los primeros no podrían asumir el coste que supone incorporar a su plantilla a estos trabajadores” y, por la otra, “los profesionales que serían dados de alta en los Ayuntamientos por 2 o 4 horas semanales, no podrían prestar servicios en más de dos Corporaciones”, tal y como se desprende del texto aprobado.

Hasta ahora, y desde hace 30 años, la Diputación de Valencia, ha firmado convenios de colaboración con los Colegios Profesionales para prestar servicios en los pequeños Ayuntamientos de la Provincia, aquellos de menos de 5.000 habitantes, que no pueden permitirse tener en sus plantillas Ingenieros o Arquitectos de diversas especialidad. La Diputación, junto a los Colegios Profesionales ha financiado los honorarios de estos profesionales que facturaban por sus servicios.

La propuesta de acuerdo de la moción, como se ha señalado, solicita que se reconsidere esta actitud contra los pequeños Ayuntamientos de la provincia de Valencia por parte del citado Ministerio “y se tenga en cuenta la buena fe, el cumplimiento de la legalidad y el sometimiento a la jurisprudencia aplicable, y en razón de todo ello, se archiven los expedientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.